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Cuestiones laborales a tener en cuenta por los empleadores ante el COVID-19 (Coronavirus)

Última revisión:
Última revisión: 13 de abril 2020
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Categoría: Recursos humanos, derecho laboral

Debido a la epidemia provocada por el virus COVID-19 o coronavirus, y tras decretarse el estado de alarma que afecta directamente a la actividad de miles de empresas en España, surgen para muchos empleadores una serie de cuestiones desde un punto de vista laboral que se tratarán de responder a continuación:

1. ¿Qué medidas se pueden adoptar ante el cese de actividad o la reducción del volumen de negocio provocada por el coronavirus?

Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus, los empleadores podrán adoptar diversas medidas para afrontar estas circunstancias. En concreto, se podrá llevar a cabo las siguientes acciones:

1.1 Adaptar la jornada de trabajo y las condiciones del empleado a las nuevas necesidades del empleador

El empleador podrá proponer al trabajador la modificación o adaptación de su jornada de trabajo, siempre que se respete el número total de horas recogidas en el contrato y se realice con el acuerdo del trabajador. En el caso de que lo que se desee sea reducir el número de horas de trabajo de los empleados, se deberá llevar a cabo una suspensión parcial del contrato de trabajo (reducción de jornada), tal y como se recoge en el apartado posterior.

Por otro lado, se podrá proponer un cambio en las condiciones del trabajo de acuerdo a la situación actual, incluyendo la posibilidad de ofrecer la prestación de sus servicios de forma telemática (teletrabajo), tal y como se indica en el apartado posterior.

Cabe destacar en este punto que los trabajadores podrán solicitar al empleador la posible adaptación de su jornada de trabajo en el caso de que así sea necesario para el cuidado de sus hijos o familiares. Se recoge más información sobre esta posibilidad en el apartado 1.5 posterior.

1.2 Suspender de forma temporal el contrato de trabajo o reducción de su jornada de trabajo

El empleador, ya sea una empresa o un trabajador autónomo con empleados, podrá suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada de trabajo de sus trabajadores de forma temporal mediante la solicitud de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en aquellas situaciones que se justifique por las medidas relacionadas con el control de la epidemia provocada por el coronavirus. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se considera como situación de fuerza mayor cualquier cese de actividad que se relacione con las medidas de control del coronavirus, estableciendo una serie de características específicas para la aprobación de este tipo de expedientes.

El inicio de este expediente se deberá solicitar mediante el envío de la correspondiente comunicación de inicio del Expediente de Regulación Temporal de Empleo a la autoridad laboral de la comunidad autónoma correspondiente. Esta autoridad tiene un plazo máximo de cinco días hábiles (sin contar días no laborables o festivos) desde la recepción de la solicitud para comprobar el cumplimiento de la causa de fuerza mayor y aprobar el ERTE. En el caso de que la administración no evalúe la situación de fuerza mayor en el plazo de cinco días hábiles, se considerará por aprobado el ERTE por silencio positivo.

Una vez aprobado, se deberá comunicar por escrito a cada uno de los empleados del inicio de la suspensión de su contrato o de la reducción de su jornada de trabajo.

La suspensión del contrato supone el cese de la obligación del trabajador de acudir a su puesto de trabajo, así como del empleador de pagar el salario, aunque el contrato de trabajo se mantendrá en vigor. Tan pronto como se reinicie la actividad de la empresa tras superarse los efectos de la pandemia el trabajador se deberá reincorporar a su puesto. Además, en estos casos de fuerza mayor o emergencia, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión de los contratos de trabajo, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En todo caso, esta exoneración se deberá solicitar de forma telemática en el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La adopción de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada no generará derecho a indemnización alguna a favor de los trabajadores afectados ya que, como se ha indicado anteriormente, el contrato de trabajo permanecerá en vigor. En todo caso, los trabajadores podrán disfrutar de una prestación por desempleo (paro) por el tiempo de duración del ERTE. Para obtener este subsidio no es necesario que el trabajador haya cotizado el período mínimo previo exigido para este tipo de prestación. Además, este período de disfrute del desempleo no computará a efectos de solicitar de nuevo una prestación por desempleo en el futuro. Por último, el trabajador podrá disfrutar de esta prestación sin necesidad de justificar la suspensión de su contrato (la autoridad laboral comunica esta circunstancia a los servicios de empleo).

En relación con lo anterior, será el empleador el que deberá solicitar la prestación por desempleo en favor de sus empleados presentando una solicitud colectiva ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), actuando en representación de todos sus trabajadores afectados por el ERTE solicitado por la propia empresa. Esta solicitud deberá remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde que se solicitó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo en los supuestos de fuerza mayor relacionados con el coronavirus.

1.3 Terminar el contrato de trabajo (despido del trabajador)

Desde el día 28 de marzo, no es posible llevar a cabo el despido de trabajadores ya sea por fuerza mayor (p. ej. por el cierre del establecimiento provocada por el coronavirus) o las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (despidos objetivos) que puedan estar relacionados con el coronavirus. Esta prohibición se mantendrá durante todo el período que dure el estado de alarma. Tampoco se podrá terminar durante este período los contratos de trabajo de carácter temporal, se considerarán automáticamente prorrogados mientras dure el estado de alarma.

Únicamente se podrá durante este período llevar a cabo la suspensión de los contratos según se ha indicado en el apartado anterior, o llevar a cabo un despido por causas distintas a las objetivas antes indicadas (p. ej. despido disciplinario).

1.4 Solicitar el disfrute de las vacaciones durante el cese de la actividad

En este punto, es importante destacar que no se podrá forzar a los trabajadores a disfrutar de sus días de vacaciones durante el período de cese de actividad o de cuarentena. Así, estos días de cese de la actividad no podrán descontarse de los días de vacaciones o de asuntos personales de los trabajadores salvo que se acuerde lo contrario con los trabajadores.

1.5 Otras medidas que se pueden adoptar a instancia de los trabajadores

Una de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 es la posibilidad de los trabajadores de solicitar un cambio en su jornada de trabajo o en las condiciones de su puesto a fin de facilitar el cuidado de un(a) hijo/a (por naturaleza, por adopción o en caso de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente) o para el cuidado de un familiar cercano que no pueda valerse por sí mismo ni desempeñe actividad retribuida alguna dada las medidas adoptadas en relación con la epidemia provocada por el coronavirus.

En concreto, el trabajador podrá solicitar un cambio de turno, la alteración de horario, un horario flexible, una jornada partida o bien continuada, etc. Asimismo, se podrá solicitar un cambio en las condiciones de trabajo, como puede ser el cambio de centro de trabajo, el cambio de funciones, o cualquier otro cambio que estuviera disponible en la empresa, siempre que pueda implantarse de modo razonable y proporcionado.

El empleador tratará en todo lo posible de aceptar estos cambios siempre que, como se ha dicho anteriormente, sean proporcionales y razonables según las necesidades del trabajador. En todo caso, este cambio se limitará únicamente al período excepcional de duración de las medidas de control del coronavirus.

Por último, el trabajador también podrá solicitar la prestación de sus servicios de forma telemática (teletrabajo) dada la situación provocada por el coronavirus. En este caso, el empleador estará obligado a poner los medios posibles para la realización del trabajo de forma telemática siempre que ello sea materialmente posible de acuerdo a la actividad de la empresa y las funciones propias del trabajador (es decir, que sea posible para el trabajador llevar a cabo su trabajo desde su casa).

2. ¿Es posible solicitar algún tipo de indemnización o compensación debido al cese de actividad?

La aprobación del estado de alarma en toda España implica la obligación de indemnizar a todos aquellos que se puedan ver afectados por el mismo debido a las pérdidas derivadas del cese de su actividad (p. ej. por las pérdidas estimadas por no poder atender a sus clientes durante dos semanas). En todo caso, todavía esta pendiente el establecimiento de las medidas concretas de compensación por parte del gobierno.

3. ¿Es posible posponer el pago de impuestos, cotizaciones sociales, contribuciones o cualquier tipo de obligación similar con la administración?

De acuerdo a las medidas urgentes aprobadas por el gobierno el 12 de marzo, es posible posponer el ingreso de la deuda tributaria (cantidad debida a la Agencia Tributaria en impuestos) correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones (ya sea de IRPF, IVA o pago fraccionado del Impuesto de Sociedades) cuyo plazo de presentación e ingreso oscile entre el 12 de marzo y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

Las condiciones del aplazamiento aprobado hasta el momento son las siguientes:

  • El plazo tendrá un período máximo de duración de seis meses.
  • No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

Respecto a las cotizaciones sociales, los empleadores (ya sean empresas o trabajadores autónomos) deberán realizar el pago de las mismas en los plazos correspodientes salvo en el caso de que hayan iniciado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor derivada de la situación actual provocada por el coronavirus y este haya sido aprobado por la autoridad laboral correspondiente (ver apartado 1.2 anterior).

En cuanto a los trabajadores autónomos sin empleados, únicamente podrán eximirse del pago de sus cuotas de la seguridad social en el caso de que hayan solicitado el cese de su actividad dada las consecuencias económicas provocadas por el coronavirus. Este cese se podrá llevar a cabo cuando se produzca una caída importante en la actividad. Tras comunicar este cese, el trabajador autónomo podrá solicitar la correspondiente prestación por desempleo mientras dure los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus.

Cada comunidad autónoma ha establecido o podrá establecer en el futuro una serie de ventajas similares respecto a los impuestos o tributos de su competencia, destacando la no obligatoriedad del pago de la correspondiente cuota de autónomos en los que se produzca una caída importante en la actividad del trabajador autónomo si se cumplen con ciertos requisitos.

4. ¿Qué otras ventajas se han aprobado desde la administración para compensar las pérdidas derivadas de las medidas de contención del coronavirus?

Actualmente, se están aprobando de medidas económicas por parte del gobierno a fin de compensar los daños que puedan sufrir las empresas o trabajadores autónomos como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus. Hasta el día de hoy, se han aprobado algunas medidas para ciertos sectores dada su mayor vulnerabilidad ante esta situación. Así, por ejemplo, en el caso del sector turístico, así como los del comercio y hostelería relacionados con dicho sector, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación, durante los mencionados meses, del cincuenta (50) por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Por otro lado, se ha aprobado una línea de avales de hasta un 80% de los créditos bancarios que soliciten aquellas pymes o trabajadores autónomos afectados por los efectos económicos del coronavirus, siempre que los solicitantes no se encontraran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 o bajo un procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad al 18 de marzo.

Las comunidades autónomas, así como las entidades locales, pueden aprobar a su vez ventajas o beneficios para los empleadores dentro de sus competencias (p. ej. en la ciudad de Madrid se perdonará el pago del IBI para todas aquellas empresas que no realicen el despido de trabajadores a pesar de verse afectados por las medidas relacionadas con el control del coronavirus).

5. ¿Puedo continuar con la actividad de mi negocio y obligar a mis trabajadores a acudir a su puesto?

Desde el día 30 de marzo, únicamente podrán continuar su actividad los siguientes establecimientos que lleven a cabo una actividad considerada como esencial. En principio, se considerarán como esencial las siguientes actividades (aunque no es una lista exhaustiva y se podrán incluir más actividades que por sus características se puedan considerar como esenciales):

  • Las relacionadas con los siguientes establecimientos comerciales:
    • Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
    • Establecimientos farmacéuticos, médicos, residencias de ancianos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos.
    • Prensa y papelería.
    • Gasolineras.
    • Estancos.
    • Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
    • Establecimientos dedicados a la venta de alimentos para animales de compañía.
    • Empresas dedicadas al comercio por internet, telefónico o correspondencia.
    • Tintorerías y lavanderías.
  • Los que trabajan en actividades necesarias para garantizar suministros básicos (como electricidad, agua y gas).
  • Los trabajadores de medios de comunicación tanto privados como públicos.
  • Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
  • Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración siempre que realicen entrega a domicilio.
  • Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
  • Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales (p. ej. para la fabricación de mascarillas).
  • Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma (p. ej. los conductores de autobuses, camioneros, etc.)
  • Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
  • Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
  • Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades relacionadas.
  • Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales (veterinarios).
  • Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
  • Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento.
  • Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
  • Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el estado de alarma.
  • Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
  • Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
  • Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.
  • Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
  • Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
  • Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
  • Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
  • Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

Todos los negocios que no lleven a cabo una actividad que se considere esencial deberán permanecer cerrados, debiendo otorgar a los trabajadores de un permiso retribuído recuperable mientras se extienda este período de cierre.

Este permiso supone que el trabajador no deberá acudir a su puesto entre el 30 de marzo y el 9 de abril (ambos incluidos), debiendo percibir el salario ordinario que le correspondería más los complementos salariales aplicables.

Las horas de trabajo perdidas durante este período de cese de actividad deberán ser recuperadas por el trabajador desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. En todo caso, esta recuperación deberá negociarse en un período de consultas (período de negociación) abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días. Esta negociación se llevará a cabo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores (delegados de personal o comité de empresa). En el caso de que los trabajadores no cuenten con representantes legales en la empresa, la negociación se deberá llevar a cabo con los representantes de los sindicatos más relevantes en el sector de actividad de la empresa. En el caso de no llegarse a un acuerdo, la empresa comunicará, en el plazo de siete días desde el fin de la negociación, las fechas en las que se deberán recuperar las horas de trabajo pendientes.

Por último, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los períodos mínimos de descanso diario y semanal de los trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar que les pueda corresponder a los trabajadores.

Las empresas que no realicen una actividad esencial podrán, en caso de ser necesario, establecer un número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la actividad mantenida por la empresa en un fin de semana ordinario o en días festivos.

6. ¿Es necesario llevar a cabo algún cambio en el contrato de trabajo para implementar el teletrabajo (trabajo desde casa)?

Los empleadores podrá implantar, siempre que sea posible, medidas de teletrabajo entre sus trabajadores de forma temporal, es decir, durante un período de tiempo concreto mientras duren las medidas relacionadas con el control del coronavirus. Esta medida se podrá establecer sin necesidad de llevar a cabo modificación alguna del contrato de trabajo de los empleados siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

  • Que se vuelva a la realización normal del trabajo en el momento en que cesen las medidas excepcionales para el control del coronavirus.
  • Que se respete lo establecido para el teletrabajo en el convenio colectivo aplicable.
  • Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una merma o reducción de los derechos profesionales (salario, jornada, descansos, etc.).
  • Que los medios necesarios para llevar a cabo el teletrabajo (p. ej. tablets, ordenadores portátiles, conexiones especiales de internet, etc.) no supongan coste alguno para los trabajadores.

Como se ha indicado en apartados anteriores, también cabe la posibilidad de que sea el propio empleado el que solicite llevar a cabo su actividad mediante teletrabajo, debiendo ser facilitado por el empresario siempre que ello sea posible dada la actividad de la empresa.

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