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Reconocimiento de deuda

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Última revisión 15/06/2017
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Última revisión:15/06/2017

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Reconocimiento de deuda

Este modelo permite que un particular o una empresa (persona física o persona jurídica) redacte un contrato o documento de reconocimiento de deuda para acreditar la existencia de una deuda constituida anteriormente. Este documento da al acreedor (la persona física o jurídica a quien se debe una cantidad de dinero) un medio de prueba de la misma, así como una acción para hacer efectivo su derecho al cobro de esta.

El reconocimiento de deuda puede revestir la forma unilateral si es firmado únicamente por el deudor (la persona que debe una cantidad de dinero), quien declara o reconoce la existencia de una deuda previamente constituida. También puede revestir la forma bilateral si es firmado por el deudor y por el acreedor; en este caso, el deudor declara o reconoce la existencia de la deuda y el acreedor acepta esta declaración o reconocimiento.

El reconocimiento de deuda se puede utilizar para reconocer cualquier tipo de deuda. Por ejemplo, una deuda por impago de salarios o por impago de alquiler.


¿Cómo utilizar este documento?

Mediante el documento o contrato de reconocimiento de deuda, se asume y fija una relación obligatoria (o contrato) nacida antes de su celebración, derivándose una obligación de cumplir la deuda reconocida. La principal ventaja de celebrar un contrato o redactar un documento de este tipo es que, debido a que el deudor reconoce en él la existencia de la deuda y su obligación de pagarla, el acreedor podrá valerse en un eventual procedimiento judicial de este documento para probar la existencia de la deuda y la obligación de pago, sin necesidad de probar el hecho o el contrato a partir de la cual esta se originó (puede ser útil, por ejemplo, si dicho contrato fue celebrado de palabra o si el título que originó la deuda está perdido).

Estas facilidades procesales se deben a que, de acuerdo a la ley, los documentos privados hacen plena prueba en el proceso. Así, será el deudor quien deberá probar que no está obligado a pagar la deuda (por la ilicitud o inexistencia de causa o por la nulidad, anulabilidad o ineficacia de la obligación), y no el acreedor quien deberá probar la obligación de pago.

El reconocimiento de deuda también presenta ventajas para el deudor, ya que permite evitar un eventual procedimiento judicial iniciado por el acreedor al asegurarle que reconoce la deuda y la pagará en un(os) plazo(s) determinado(s). Asimismo, si el acreedor está de acuerdo y firma este documento, puede conseguir la rebaja o el perdón de la deuda.

En cuanto a su contenido, el reconocimiento de deuda debe en todo caso incorporar la fecha y el lugar de otorgamiento, el importe y la fecha máxima de pago de la deuda, así como la identificación del deudor y del acreedor. Además, es posible incluir:

  • la causa o el origen de la deuda;
  • la forma de pago;
  • la condonación (o perdón) o rebaja de la deuda: y/o
  • una garantía en caso de impago (aval o fiador solidario).

Una vez redactado, este documento debe ser firmado por el deudor. Si se trata de un reconocimiento de deuda bilateral, también debe ser firmado por el acreedor. En cualquier caso, el documento debe ser firmado en dos ejemplares para que cada una de las partes conserve una copia (en tres ejemplares, en caso de existir un aval o fiador). Asimismo, firmar el margen izquierdo de todas las páginas del documento (y no únicamente la última página) aportará mayor seguridad jurídica a ambas partes.

A pesar de que el contrato o documento de reconocimiento de deuda es plenamente válido, obligatorio y vinculante si consta en documento privado, es posible elevarlo a documento público. Esta elevación a público dará la posibilidad al acreedor, en caso de impago, de cobrar judicialmente la deuda reconocida mediante una acción ejecutiva; es decir, de hacerla valer directamente sobre el patrimonio del deudor.

Este documento deberá ser presentado ante la delegación autonómica de Hacienda que corresponda, para proceder a la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), ya que aunque se trata de una operación exenta, está sujeta al impuesto. Este registro dota al documento de efectos frente a la Administración o terceros.


Legislación aplicable

De forma general, son aplicables las normas del Código civil y, particularmente, las relativas a la autonomía de la voluntad (artículo 1255) y a la validez de los contratos (artículos 1261 a 1277).

En relación con su fuerza o valor probatorio, es aplicable la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (artículos 319, 326 y 517).

En lo que concierne a la tributación, son aplicables el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (artículo 15) y el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (artículos 25 y 88).


¿Cómo modificar el modelo?

Rellenas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en función de tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.

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