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Cuestiones laborales a tener en cuenta por el trabajador ante el COVID-19 (coronavirus)

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Última revisión: 10 de abril 2020
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Categoría: Trabajo
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1. ¿Puede un trabajador decidir no ir a trabajar por el coronavirus?

Un trabajador no puede decidir unilateralmente dejar de trabajar por miedo al coronavirus, arriesgando a que la empresa inicie un procedimiento de sanción.

Es cierto que el artículo 21 de la Ley de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tendrán "derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud". Por tanto, un trabajador únicamente podrá negarse en caso de que haya una posibilidad real y grave de contagio, como por ejemplo, si hay alguien de la empresa que esté contagiado por el virus. Es obligación de las empresas cerrar temporalmente si detectan un brote grave e inminente o un riesgo de infección en el centro de trabajo.

¿Qué significa "grave e inminente"?
El propio artículo 4.4. de la Ley de Riesgos Laborales lo define de la siguiente manera: "Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto".
En todo caso, al ser una situación excepcional, la interpretación que deba darse debe ser una interpretación restrictiva.

Por tanto, si la empresa no ofrece equipos de protección individual a sus trabajadores, o si no toma las medidas de seguridad necesarias para evitar el riesgo de contagio, entonces los trabajadores sí podrán interrumpir su actividad laboral y abandonar el centro de trabajo sin repercusión alguna. No obstante, el pánico social generado no es suficiente para entender cumplidos los requisitos establecidos en el artículo, debiéndose tener en cuenta los hechos específicos ocurridos en la empresa.

Además, tu empresa puede obligarte a asistir a reuniones en una zona de riesgo de contagio siempre que las autoridades no hayan decretado restricciones. Por tanto, el empleado debe seguir realizando su actividad laboral.

Por último, la representación unitaria o los delegados de prevención podrán acordar, siempre que sea una decisión mayoritaria, la paralización de la actividad de los trabajadores por el riesgo de contagio grave e inminente por coronavirus. En caso de que tomen esa decisión, ni los trabajadores ni sus representante podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran actuado de mala fe o hubieran cometido alguna negligencia grave.

2. ¿Qué ocurre si un trabajador se encuentra en período de aislamiento, por precaución o por contagio, como consecuencia del coronavirus?

En caso de que un trabajador no pueda acudir a trabajar a su centro de trabajo, ya sea porque ha contraído el virus o por precaución (por ejemplo, por haber estado en contacto con alguien que sí tiene el virus), el Gobierno ha decretado que se le considerará que está de baja por accidente laboral. Por tanto, el trabajador cobrará el primer día el 100%, y posteriormente el 75% de la base reguladora.

La duración de la prestación vendrá fijada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. Por tanto, se excluyen de esta consideración todos aquellos casos de aislamiento preventivo sin venir acordados por los servicios de salud.

3. ¿Puede un trabajador prestar sus servicios desde casa (teletrabajar)?

Debido al estado de alarma decretado, existen severas restricciones de movilidad y cierre de comercios, locales de restauración y sitios de ocio. Además, el Gobierno ha recomendado el teletrabajo, es decir, la posibilidad de que el empleado preste sus servicios desde su casa, evitando de esta manera el desplazamiento a los centros de trabajo.

Aunque el Gobierno ha recomendado el teletrabajo en todo el territorio nacional, no deja de ser una recomendación. La ley establece que el teletrabajo ha de ser pactado previamente entre la dirección y los empleados, tal y como se deduce del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, el cual indica que ni la empresa ni el trabajador pueden imponer unilateralmente a la otra parte la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual.

En principio la empresa debe dotar a sus empleados de todo el material necesario para el teletrabajo, pero si existe un acuerdo entre el trabajador y la empresa, los trabajadores pueden hacer uso de su propio material, como por ejemplo, su ordenador portátil personal. En caso de que se acuerde el teletrabajo como forma habitual, el empresario deberá proveer de más medios, como por ejemplo el teléfono y la conexión a internet.

Así mismo, el teletrabajo no podrá suponer una reducción de los derechos de los trabajadores, ni implicar un coste adicional al trabajador. Por tanto, el trabajador tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total, tal y como venía haciendo hasta entonces.

En caso de que se necesite un documento donde el trabajador solicite a su empleador/a trabajar a distancia como consecuencia del coronavirus, se debe utilizar la debida Solicitud de teletrabajo por el coronavirus por parte del trabajador. No obstante, si las partes han llegado a un acuerdo sobre las condiciones del teletrabajo, deberán firmar un Anexo al Contrato de Trabajo - Acuerdo de teletrabajo por coronavirus (COVID-19).

4. ¿Puede un trabajador quedarse en casa cuidando a su hijo/a por el cierre del colegio?

La normativa actual no contempla este caso en concreto, por lo que de entrada no es posible.

El Estatuto de los Trabajadores (ET) en su artículo 37.3 d) establece el derecho del trabajador a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por "el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal". En este caso, el trabajador no acudirá a su puesto de trabajo pero aún así cobrará su salario. Normalmente este precepto ampara la asistencia a juicios, exámenes o mesas electorales, pero excepcionalmente por el coronavirus podría incluir el supuesto del cuidado de los hijos, algo que dependerá de la interpretación de los jueces.

De momento entre las diversas opciones que tiene un trabajador para quedarse en casa cuidando a su hijo/a estarían:

4.1. Días libres

Dependiendo de lo acordado en cada convenio colectivo, los trabajadores podrían solicitar días de vacaciones, que deberán ser aprobados por la empresa, o días de asuntos propios que son de libre disposición. Por tanto, éstas tienen que acordarse entre el trabajador y la empresa. El problema es que la cantidad de días contemplados entre vacaciones y días de libre disposición no cubrirán la totalidad de los días sin clase de los niños.

4.2. Reducción de jornada

Cabe la posibilidad de solicitar una reducción temporal de jornada por la emergencia sanitaria. La retribución se adaptará en función de la nueva jornada durante el tiempo que duren las medidas por el coronavirus. En este caso se podría modificar un contrato a tiempo completo por uno a tiempo parcial.

También se podría pactar con la empresa mantener el sueldo y recuperar las horas más adelante.

4.3. Modificación del horario

El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores permite que la duración y la distribución de la jornada laboral puedan adaptarse para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Esto supone que uno de los progenitores podría tener un turno de mañana y el otro por la tarde para así poder atender a los niños.

4.4. Excedencia

Otra opción puede ser solicitar una excedencia voluntaria durante el período del decreto de estado de alarma conforme el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, el trabajador mantendría su trabajo, pero se le suspendería el salario. La empresa estaría obligada a salvar el puesto y el salario del trabajador a su regreso.

Como regla general, están regulados por los convenios colectivos de cada sector; por lo tanto, se recomienda analizar cada caso en concreto.

5. ¿Qué ocurre si la empresa inicia un ERTE?

El Real Decreto-Ley 8/2020 regula una serie de medidas para evitar despidos, entre ellos, la posibilidad de que las empresas se acojan a la opción de iniciar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Las empresas podrán hacer uso de esta medida cuando la pérdida de actividad sea consecuencia directa del COVID-19 (por ejemplo, suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad). La consecuencia inmediata es que los trabajadores verán sus contratos de trabajos suspendidos de forma temporal, por lo que dejarán de trabajar, y por tanto, de percibir su sueldo.

¿Cuánto cobrará un trabajador que se encuentre en ERTE?
El trabajador pasará a cobrar una prestación por desempleo. El importe diario de la prestación durante los 180 primeros días será del 70% de la base reguladora, y a partir del día 181 hasta el final de la prestación, del 50%. Es decir, si una persona cobra un salario bruto de 2.000 euros brutos, los seis primeros meses cobrará 1.400 de paro, y a partir de los seis meses, recibirá 1.000 euros brutos.

Conforme al Real Decreto, en caso de la empresa se acoja al ERTE, los trabajadores afectados tendrán derechos a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de cotización mínimo necesario para ello. Además, el tiempo que se esté percibiendo la prestación no se restará de futuros períodos de desempleo.

¿Qué ocurre si el trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal, excedencia por cuidado de hijos o de baja por paternidad o maternidad?
En estos casos las medidas adoptadas por la empresa no afectarán al trabajador hasta que presente el alta médica, finalice la excedencia o el período de permiso maternal o paternal.

6. ¿Me pueden obligar a coger vacaciones?

No, la empresa no puede obligar a los trabajadores a coger vacaciones. El artículo 38.2 del Estatuto de los trabajadores destaca que "el periodo o periodos de su disfrute se fijará en común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones". Por tanto, las vacaciones deberán acordarse de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, y nunca imponerse por obligación.

7. ¿Qué significa el permiso retribuido recuperable?

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, establece que, desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, ningún trabajador de actividades consideradas como no esenciales podrá acudir a su centro de trabajo. Por tanto, los trabajadores seguirán recibiendo su salario, que abonará la empresa, y una vez termine la situación de emergencia, tendrán que recuperar las horas de trabajo no prestadas.

No podrán acogerse a esta modalidad los empleados que ya estuvieran teletrabajando, los que estén en proceso de un ERTE o que tengan una baja por incapacidad temporal, paternidad y maternidad.

En caso de que se deba acudir a trabajar, el trabajador necesitará una declaración responsable de necesidad de desplazamiento personal por motivos laborales durante el estado de alarma por coronavirus, el cual servirá para acreditar a las Fuerzas de Seguridad el desplazamiento del trabajador a su lugar de trabajo, conforme a la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo

¿Qué actividades son consideradas como esenciales?
- Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
- Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
- Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
- Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
- Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
- Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
- Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
- Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
- Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
- Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
- Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
- Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
- Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
- Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
- Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
- Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
- Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
- Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
- Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
- Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
- Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
- Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
- Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

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