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Alegaciones ante una multa por saltarse la cuarentena

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Última revisión 15/07/2020
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Alegaciones ante una multa por saltarse la cuarentena

Este documento sirve para presentar las alegaciones pertinentes frente a una multa por saltarse la cuarentena o no cumplir alguna de las medidas establecidas en los distintos Reales Decretos y/o Ordenes como consecuencia del coronavirus (Covid-19).

Tras la interposición de la multa, se inicia el expediente sancionador de infracción administrativa. El Instructor, tras analizar los hechos denunciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, considerará los hechos referenciados como constitutivos de una infracción administrativa conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Salud Pública, y propondrá una cuantía de multa. Posteriormente, se notificará al interesado sobre el inicio del expediente sancionador, y se le otorgará un plazo de 15 días para presentar alegaciones y proponer la práctica de la prueba que considere pertinente. En caso de que no se presente alegaciones en el plazo previsto, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución.

Mediante la formulación de alegaciones, la persona que ha sido sancionada (interesado en el procedimiento) podrá participar en el procedimiento sancionador dirigido contra ella, exponiendo los hechos, las razones y, en su caso, aportando los documentos o cualquier otro elemento de juicio que le resulten convenientes, y que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración a la hora de tomar su decisión final.

Desde el momento de la recepción de la notificación de la sanción, el interesado cuenta con un plazo de 15 días hábiles (estos días son todos los días, excepto sábados, domingos o festivos) para realizar estas alegaciones. Una vez transcurridos los 15 días sin haber formulado alegaciones, la Administración entenderá que el perjudicado está conforme con la sanción, y el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución final.

Asimismo, este documento no debe confundirse con el recurso de reposición, pues éste representa un momento posterior en el procedimiento sancionador (cuando se reciba la propuesta de resolución final).


¿Cómo utilizar este documento?

En estas alegaciones ante una multa por saltarse la cuarentena o no cumplir alguna de las medidas establecidas en los distintos Reales Decretos y/o Ordenes como consecuencia del coronavirus (Covid-19), se incluirá la siguiente información:

  • los datos relativos de la Administración pública a la que se dirigen (puede tratarse de una Concejalía de Seguridad Ciudadana de un Ayuntamiento; la Delegación del Gobierno de una Comunidad Autónoma, el Departament d'Interior de Cataluña, o el Departamento de Seguridad del País Vasco);
  • los datos relativos de la persona multada (nombre completo, documento de identidad y dirección);
  • los datos relativos a la infracción por saltarse la cuarentena o no cumplir alguna de las medidas establecidas en los distintos Reales Decretos y/o Ordenes (se está sancionado mediante el artículo 37.15 o el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, o mediante el artículo 57.2.b) o el artículo 57.2.a) de la Ley General de Salud Pública);
  • las alegaciones en sí, es decir, los motivos por los cuales se opone a la imposición de la multa. Estos motivos pueden ser todos (o algunos) de los siguientes:
    • 1) la prescripción de la sanción (extinción de la responsabilidad de la persona denunciada por el transcurso de un determinado período de tiempo desde la imposición en firme de la sanción y la entrega de la denuncia);
    • 2) que los hechos imputados sean erróneos (la descripción de los hechos imputados en el expediente administrativo no se corresponde con la realidad);
    • 3) la vulneración de la presunción de inocencia de la persona sancionada (toda persona contra la que sea dirigido un proceso debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta que no sea demostrado lo contrario);
    • 4) la interpretación extensiva de la norma sancionadora (la Ley Orgánica 4/1981 no regula específicamente las sanciones sino que las remite "a lo dispuesto en las leyes". Por tanto, estas multas por saltarse el confinamiento no tienen una regulación especial establecida, sino que se está aplicando analógicamente la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley General de Salud Pública. Esta interpretación extensiva de la norma sancionadora se encuentra expresamente prohíbida en la Ley);
    • 5) la vulneración de la proporcionalidad (la sanción de multa acordada es excesiva, ya que, en base a los hechos acaecidos, no está graduada conforme a la gravedad y transcendencia del hecho).
  • Asimismo, el documento prevé la posibilidad de que se aleguen otros motivos no previstos con anterioridad por parte de la persona multada.

Una vez se ha completado el documento, el interesado (la persona que ha sido multada) debe añadir su firma y, a continuación, deberá hacerlo llegar al organismo competente en persona, mediante cualquier Registro, o telemáticamente, a través del Registro electrónico de la Administración o del Ayuntamiento correspondiente.

Tenga en cuenta que en caso de querer beneficiarse de la reducción del 50 por ciento del importe de la multa posible en el procedimiento sancionador (si se paga al momento de recibir la denuncia o dentro del plazo de 15 días), no podrá realizar alegaciones, ni se podrá recurrir posteriormente.


Legislación aplicable

A las alegaciones ante una multa por por saltarse la cuarentena o no cumplir alguna de las medidas establecidas en los distintos Reales Decretos y/o Ordenes es aplicable, en general, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (particularmente, sus artículos 53 y 76), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Además, es aplicable la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Asimismo, será de aplicación la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, además del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


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