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Solicitud de aplazamiento, rebaja o condonación del pago del alquiler a causa del coronavirus

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Solicitud de aplazamiento, rebaja o condonación del pago del alquiler a causa del coronavirus

Este documento permite que el arrendatario (inquilino) de una vivienda o local de negocio solicite al arrendador (propietario) el aplazamiento, rebaja o condonación del pago del alquiler a causa del coronavirus (COVID-19).

En caso de encontrarnos ante un arrendamiento de vivienda habitual, el arrendador tendrá dos posibilidades, o bien que acepte voluntariamente la petición del arrendatario (si lo considera adecuado), o bien que tenga la obligación de aceptar la petición del arrendatario. Nos encontraremos en la segunda situación si el arrendador se encuentra en uno de los supuestos establecidos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19., la cual ha sido modificada por la disposición final novena del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

De tal manera, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, modificada por el Real Decreto-ley 26/2020, algunos arrendatarios en situación de vulnerabilidad tienen la posibilidad de que se aplique una moratoria automática en el pago de su renta, siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones.

  • ¿Qué requisitos se tienen que cumplir?

- En primer lugar, el arrendador debe ser una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.

- En segundo lugar, debe tratarse de un contrato de vivienda habitual (no sirve las segundas residencia, las viviendas vacaciones, o los locales de negocio);

- En tercer lugar, el arrendatario tiene que encontrarse en situación de desempleo, ERTE, haya reducido su jornada por motivos de cuidados, o en caso de ser empresario, haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos.

- En cuarto lugar, la unidad familiar se tiene que encontrar en una situación de vulnerabilidad. Se entenderá que este es el caso cuando:

    • La unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). De esta forma, se podría solicitar siempre que los ingresos mensuales no superen la cantidad de 1.613,52 euros. En todo caso, este límite se podrá aumentar en los siguientes casos:
      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar del arrendatario. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental (hijo que vive únicamente con el padre o la madre).
      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral, será de 0,4 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
    • Por otro lado, también será posible solicitar esta moratoria cuando la renta arrendaticia, incluidos los gastos y suministros básicos (agua, electricidad y gas), resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos (ingresos tras descontar los correspondientes impuestos) que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar del arrendatario
  • ¿Cuáles son las alternativas para el arrendatario?

- Una condonación del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

- Un aplazamiento en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.


En caso de que no se aplique el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y dada la situación de emergencia sanitaria y social que se está viviendo como consecuencia del virus COVID-19 (coronavirus), y tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, habrá muchas personas que sufrirán un descenso de sus ingresos mensuales, por lo que resulta imprescindible que los arrendatarios se pongan en contacto con sus arrendadores si desean solicitar el aplazamiento, rebaja o condonación de la renta mensual de sus contratos de alquiler, durante el tiempo que dure la emergencia y la pérdida de ingresos. No obstante, el arrendador no tiene ninguna obligación legal para modificar el pago del alquiler por lo que, le corresponde a los arrendatarios y arrendadores llegar a un acuerdo, si lo consideran adecuado.

Mediante este documento se puede pedir:

  • El aplazamiento del pago del alquiler: es decir, demorar el pago del alquiler, abonando las cantidades posteriormente.
  • La rebaja de la renta del alquiler: es decir, disminuir la renta del alquiler durante un periodo (con posibilidad de recuperar las cantidad no abonadas o no).
  • La condonación del pago del alquiler: es decir, perdonar el pago del alquiler durante unos meses (por tanto, el arrendador no podrá exigirle después dichas cantidades).

Tanto el arrendador como el arrendatario tienen que estar de acuerdo sobre la modificación o el aplazamiento de la renta del alquiler. En caso de que se llegue a un acuerdo, las partes deberán formalizarlo por escrito. Si las partes acuerdan una rebaja en la renta mensual, se puede utilizar el Anexo al contrato de arrendamiento: Modificación del precio del alquiler. En todo caso, la relación existente entre el arrendador y el arrendatario no se modifica ni extingue ni se establece un contrato nuevo, simplemente se firmará un Anexo al contrato de arrendamiento de vivienda habitual o de local de negocio.

¿Cómo utilizar este documento?

En caso de que sea de aplicación el Real Decreto-ley 11/2020, modificada por el Real Decreto-ley 26/2020, con medidas para los inquilinos vulnerables, este documento permite que los arrendatarios soliciten al arrendador la condonación del 50% de la renta del alquiler o el aplazamiento del pago del alquiler. El arrendador tendrá la obligación de comunicar en el plazo de siete días laborales, su decisión, pero obligatoriamente tendrá que elegir una de las dos alternativas.

Si no es de aplicación el Real Decreto-ley 11/2020, este documento permite que los arrendatarios soliciten a los arrendadores un aplazamiento, rebaja o condonación del pago del alquiler a causa de la crisis sanitaria del virus COVID-19 (coronavirus). Se trata de una carta en el que el arrendatario explica los motivos de la solicitud, de manera que pueda iniciar un primer contacto con el arrendador y así poder alcanzar un acuerdo final sobre la modificación del pago del alquiler.

Esta solicitud de aplazamiento, rebaja o condonación del pago del alquiler contiene:

  • La identidad de las partes (arrendador(es), y arrendatario(s) original(es));
  • La referencia al contrato de arrendamiento original (fecha de firma, dirección del inmueble);
  • El tipo de modificación del pago del alquiler que se solicita: aplazamiento, rebaja o condonación;
  • El motivo de la modificación: se prevén diferentes circunstancias (como por ejemplo, el cierre de establecimientos al no tener permitido abrir tras la declaración del estado de alarma; encontrarse en situación de desempleo, etc.), aunque se podrá incluir cualquier motivo que el arrendatario quiera;
  • En caso de que se aplique el Real Decreto-ley 11/2020, se incluirá el supuesto por el cual el arrendatario debe ser reconocido como persona vulnerable.
  • La duración de la modificación del pago del alquiler solicitada;
  • El lugar y la fecha de firma de la solicitud;

Aunque la ley no lo exige, esta solicitud de aplazamiento, rebaja o condonación del pago del alquiler a causa del coronavirus puede realizarse por escrito, que una vez redactado, debe ser firmado por el arrendatario.

La ley no exige que la comunicación a la otra parte (arrendador) se realice por un medio específico; no obstante, si es entregada en mano, con la firma del recibí del propietario o inquilino, o enviada mediante burofax (a través de copia física u online) con acuse de recibo y certificación de contenido o vía semejante se podrá tener una prueba de su recepción por el arrendador.


Legislación aplicable

Es de aplicación la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Igualmente es aplicable el Código Civil, y en particular, su artículo 1255 respecto a la voluntad de las partes.

Asimismo, resulta aplicable el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Por último, es aplicable el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.


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