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Solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento por el coronavirus

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Solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento por el coronavirus

Este documento permite que el arrendatario (inquilino) de una vivienda o local de negocio solicite al arrendador (propietario) la prórroga del contrato de arrendamiento por el coronavirus. La obligación de aceptar la solicitud por parte del arrendador dependerá de si el arrendatario cumple los requisitos del artículo 2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19., modificado por el la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Esta medida tiene por finalidad asegurar el derecho de vivienda de los arrendatarios cuyo contrato esté a punto de finalizar.

De tal manera, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020,los arrendatarios pueden solicitar la prórroga automática siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el contrato de arrendamiento sea de vivienda habitual (no será de aplicación a los arrendamientos de locales comerciales, ni arrendamientos de habitaciones, de temporada, etc.).
  • Que el contrato de arrendamiento de vivienda se hubiera firmado entre el 9 de mayo de 1985 y el 31 de diciembre de 1994 y haya sido renovados a partir del 1 de enero de 1995, o que el contrato de alquiler se haya firmado a partir del 1 de enero de 1995. En otras palabras, nos tenemos que encontrar con contratos de arrendamientos que estén sujetos a la LAU de 1994.
  • Que el plazo de duración del contrato de arrendamiento finalice hasta el 30 de septiembre de 2020. Por tanto, quedan excluidos los contratos cuyo plazo finalicen a partir del 1 de octubre de 2020.
  • No es necesario que el arrendatario se encuentre en un supuesto de vulnerabilidad económica.
  • El arrendador tiene la obligación de aceptar la prórroga.

En caso de que no se aplique el Real Decreto-ley 11/2020, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, y dada la situación de emergencia sanitaria y social que se está viviendo como consecuencia del virus COVID-19 (coronavirus), y tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los arrendatarios podrán solicitar igualmente la prórroga de sus contratos de arrendamiento si finalizan durante el tiempo que dure la emergencia. No obstante, el arrendador no tendrá ninguna obligación legal de aceptar la prórroga por lo que, le corresponde a los arrendatarios y arrendadores llegar a un acuerdo, si lo consideran adecuado.


¿Cómo utilizar este documento?

En caso de que sea de aplicación el Real Decreto-ley 11/2020, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, los arrendatarios podrán solicitar al arrendador la prórroga automática y extraordinaria del contrato de arrendamiento (siempre que se cumplan los requisitos en el apartado anterior). El arrendador tendrá la obligación de aceptar la prórroga.

Si no es de aplicación el Real Decreto-ley 11/2020, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, este documento permite que los arrendatarios soliciten a los arrendadores una prórroga del contrato de arrendamiento. De esta manera, el arrendatario inicia un primer contacto con el arrendador con el objetivo de alcanzar un acuerdo final sobre la prórroga del contrato de arrendamiento.

Esta solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento por el coronavirus contiene:

  • La identidad de las partes (arrendador(es), y arrendatario(s) original(es));
  • La referencia al contrato de arrendamiento original (fecha de firma, dirección del inmueble);
  • La fecha de vencimiento del contrato;
  • En caso de que se aplique el Real Decreto-ley 11/2020, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, se añadirá si se finaliza el período obligatorio o voluntario de las prórrogas (los contratos de arrendamiento que pueden verse afectados, serán los afectados a la LAU de 2013, la cual establece una prórroga obligatoria de 3 años del contrato y una prórroga voluntaria por un año);
  • En caso de que no se aplique el Real Decreto-ley 11/2020, modificado por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, la duración de la prórroga (si se aplica, será como máximo de 6 meses desde que finalice el estado de alarma);
  • El lugar y la fecha de firma de la solicitud;

Aunque la ley no lo exige, esta solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento por el coronavirus puede realizarse por escrito, que una vez redactado, debe ser firmado por el arrendatario.

La ley no exige que la comunicación a la otra parte (arrendador) se realice por un medio específico; no obstante, si es entregada en mano, con la firma del recibí del propietario o inquilino, o enviada mediante burofax (a través de copia física u online) con acuse de recibo y certificación de contenido o vía semejante se podrá tener una prueba de su recepción por el arrendador.


Legislación aplicable

Es de aplicación la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Igualmente es aplicable el Código Civil, y en particular, su artículo 1255 respecto a la voluntad de las partes.

Asimismo, resulta aplicable el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Le es aplicable el artículo 2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, tras la modificación por la disposición final novena del Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.


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